Denuncia que el gobierno impone alzas drásticas para luego modificarlas y presentarse como conciliador.
El partido Fuerza del Pueblo expresó hoy su rechazo al reciente anuncio del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sobre el aumento del 67 % en las tarifas de peaje en carreteras y autopistas del país, medida que entrará en vigencia a partir del 15 de enero de 2025.
En una nota de prensa, la Secretaría de Seguridad Vial del partido calificó la medida de "impopular y perjudicial" y advirtió que provocará un impacto inflacionario en el transporte público y de mercancías, lo que, a su vez, encarecerá los productos de consumo familiar.
La organización señaló que esta decisión parece improvisada y motivada por "un afán recaudatorio, justificándose en la necesidad de mantenimiento vial para salvar vidas, pese a que el propio gobierno ha declarado estar realizando cuantiosas inversiones en infraestructuras".
El partido también denunció un aumento de los accidentes de tránsito y el deterioro de la infraestructura vial, lo que ha generado "creciente malestar en la opinión pública", especialmente por los congestionamientos en las principales avenidas del país.
En ese sentido, criticó que el gobierno presente como un logro el anuncio de un plan para bachear 600 hoyos en el Gran Santo Domingo, cuando, aseguró, gran parte de la infraestructura vial fue intervenida con asfalto previo a las elecciones, sin resultados duraderos.
La Secretaría de Seguridad Vial de Fuerza del Pueblo advirtió que esta medida tendrá un efecto dominó sobre la economía de los dominicanos, calificándola como una decisión desacertada y peligrosa, porque "se juega con la paciencia del pueblo".
¿Estrategia del PRM?
Fuerza del Pueblo advirtió que este anuncio de aumento podría responder a una estrategia recurrente del PRM, que consiste en anunciar medidas drásticas para luego modificarlas ante la presión popular y presentarse como un gobierno que escucha a la gente. Sin embargo, "el verdadero propósito" desde el inicio sería aplicar un ajuste que ya tenían previsto, afectando a la mayoría y favoreciendo a sectores privilegiados mediante posibles subsidios o exenciones.
La organización política opositora exhortó a las autoridades a reevaluar esta disposición y priorizar soluciones que no afecten el bolsillo de los ciudadanos ni perjudiquen la estabilidad económica del país.
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